La respuesta es sí. Pero probablemente no de la forma que muchos imaginan.
En los últimos meses han proliferado herramientas basadas en inteligencia artificial capaces de localizar licitaciones, analizar pliegos, identificar requisitos de solvencia, resumir documentación e incluso elaborar borradores de escritos en cuestión de segundos.
Tareas que hace apenas unos años exigían horas de búsqueda, lectura y revisión documental pueden realizarse hoy mediante una simple consulta.
Sin embargo, existe un elemento que la inteligencia artificial todavía no resuelve de forma satisfactoria: la interpretación jurídica.
La interpretación jurídica como elemento diferencial
La inteligencia artificial puede identificar cláusulas de solvencia, detectar criterios de adjudicación o señalar posibles restricciones a la competencia. Sin embargo, sigue siendo necesario realizar un análisis jurídico que permita determinar, entre otras cuestiones:
- Si una exigencia de solvencia resulta proporcional y vinculada al objeto del contrato.
- Si los criterios de adjudicación respetan los principios de igualdad, transparencia y no discriminación.
- Si una prescripción técnica puede introducir un sesgo injustificado en la concurrencia.
- Si existe fundamento jurídico suficiente para la interposición de un recurso especial en materia de contratación.
En definitiva, la IA puede identificar elementos relevantes del expediente, pero no sustituye la valoración jurídica sobre su alcance, su encaje normativo ni su relevancia estratégica en cada caso concreto.
La accesibilidad de la información como cambio estructural
La contratación pública siempre ha generado una enorme cantidad de información: licitaciones, adjudicaciones, pliegos, recursos, modificaciones contractuales o penalidades.
La diferencia actual no reside en la existencia de esos datos, sino en su accesibilidad y capacidad de tratamiento. La inteligencia artificial permite hoy transformar información dispersa en análisis estructurados en cuestión de segundos.
Por ello, la ventaja competitiva ya no consiste únicamente en localizar información, sino en interpretarla y convertirla en decisiones jurídicas y estratégicas.
Más allá de los “defectos”: la importancia de la interpretación
En la práctica profesional, no siempre se trata de detectar errores o irregularidades evidentes. En muchas ocasiones, lo relevante son interpretaciones jurídicas posibles, enfoques alternativos o matices en la redacción de los pliegos.
La experiencia no consiste únicamente en identificar estos elementos, sino en determinar su relevancia real en cada caso concreto: cuándo conviene ponerlos de manifiesto, cuándo deben ser utilizados como argumento jurídico y cuándo, por estrategia, pueden no resultar determinantes.
La inteligencia artificial puede señalar estos puntos de atención. Sin embargo, no siempre es capaz de valorar qué interpretación resulta más adecuada en función de la posición jurídica que se defiende en cada momento.
Conclusión
La inteligencia artificial está transformando la forma en que se accede y se trabaja con la información en contratación pública.
Sin embargo, al menos por ahora, sigue siendo el criterio jurídico el que permite convertir esa información en decisiones fundamentadas. Lo que redunda, inevitablemente, en un beneficio para aquellos clientes que dispongan de asesoramiento jurídico especializado.
Pues es precisamente en ese punto —en la interpretación, la estrategia y el análisis jurídico— donde el conocimiento especializado sigue marcando la diferencia.
