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  • C/ País Vasco, 41 · Lebrija, Sevilla

¿Puede una mejora ambiental convertirse en causa de exclusión en una licitación pública?



¿Puede una mejora ambiental convertirse en causa de exclusión en una licitación pública?

Imaginemos el siguiente supuesto.

Una licitación pública exige vehículos de gasolina con distintivo ambiental C. Durante el plazo de presentación de ofertas, un licitador pregunta expresamente si puede proponer vehículos con una clasificación ambiental superior.

El órgano de contratación responde afirmativamente.

Confiando en esa respuesta, la empresa presenta vehículos híbridos no enchufables con etiqueta ECO. Son vehículos que se abastecen externamente de gasolina, no requieren puntos de recarga y cumplen las restantes características técnicas exigidas.

Sin embargo, después de haber sido inicialmente admitida su oferta, el procedimiento se retrotrae y la empresa termina siendo excluida porque los vehículos ofertados son híbridos y esa tecnología no aparecía expresamente mencionada en la descripción del lote.

La cuestión resulta inevitable:

¿Puede excluirse una oferta por incorporar una tecnología adicional que no estaba prohibida, que no impide cumplir la prestación y que, además, proporciona una clasificación ambiental superior expresamente admitida por el órgano de contratación?

El problema no es si el vehículo es híbrido

Desde un punto de vista técnico, un vehículo híbrido es, efectivamente, un vehículo híbrido. No tendría sentido negar esa circunstancia.

Pero esa no es la verdadera cuestión jurídica.

Lo relevante es determinar si la hibridación hace que el vehículo incumpla las prestaciones exigidas en el pliego.

En el supuesto analizado, se trataba de vehículos híbridos no enchufables —HEV o MHEV— cuyo único combustible suministrado desde el exterior es la gasolina. No necesitan infraestructura de recarga y la incorporación de un sistema eléctrico auxiliar no les impide respetar las dimensiones, potencia, equipamiento, autonomía o condiciones de utilización previstas para el servicio.

La asistencia eléctrica no sustituye la naturaleza funcional del vehículo ofertado ni compromete la ejecución del contrato. Por el contrario, permite reducir el consumo y las emisiones y obtener una clasificación ambiental más favorable.

Por tanto, el debate no debería centrarse exclusivamente en la denominación comercial o tecnológica del vehículo, sino en una pregunta más concreta:

¿Cumple o no cumple las necesidades que el órgano de contratación definió en los pliegos?

Los pliegos vinculan también a la Administración

Es cierto que los pliegos constituyen la ley del contrato y obligan a todas las empresas licitadoras.

Si una prescripción técnica exige de forma clara una determinada solución y excluye otras alternativas, los licitadores deben respetarla. Una oferta que se aparta abiertamente de esa exigencia puede ser excluida.

Pero los pliegos vinculan igualmente al órgano de contratación.

La Administración no puede introducir, una vez presentadas las ofertas, una prohibición o una limitación técnica que no figuraba de manera clara en la documentación contractual.

Si se pretendía reservar determinados lotes exclusivamente a vehículos de combustión convencional, sin ningún tipo de asistencia eléctrica, esa condición podía haberse indicado expresamente. Bastaba con señalar que no se admitirían vehículos híbridos, aunque fueran no enchufables.

No se hizo así.

Además, en otras partes de la misma licitación sí se distinguía expresamente entre vehículos híbridos, híbridos enchufables y otras formas de propulsión. Esto demuestra que el órgano de contratación conocía esas diferencias y sabía cómo incorporarlas al pliego cuando las consideraba relevantes.

La ausencia de esa precisión no debería suplirse posteriormente mediante una interpretación restrictiva en perjuicio del licitador.

La importancia de las preguntas y respuestas

Existe otro elemento especialmente relevante: la respuesta ofrecida por el propio órgano de contratación durante el plazo de presentación de ofertas.

El licitador preguntó si podía presentar una clasificación ambiental superior a la exigida y recibió una respuesta afirmativa, siempre que se respetasen las restantes características técnicas.

Esa contestación no es irrelevante.

Las preguntas y respuestas publicadas durante una licitación sirven precisamente para aclarar el alcance de los pliegos y permitir que las empresas preparen correctamente sus ofertas. Si un operador económico actúa conforme a la interpretación facilitada por la Administración, no parece razonable que esa misma interpretación termine provocando su exclusión.

En este caso, la etiqueta exigida era la C. La empresa optó por vehículos con etiqueta ECO, más favorables desde el punto de vista ambiental.

Evidentemente, no todo vehículo con una etiqueta superior tiene que ser automáticamente admisible. Podrían existir tecnologías incompatibles con la prestación o que exigieran una infraestructura no prevista. La propia configuración del contrato podría justificar determinadas limitaciones.

Pero cuando el vehículo ofertado utiliza gasolina, no necesita recarga, cumple las restantes prescripciones técnicas y mejora el comportamiento ambiental, la exclusión exige una justificación particularmente clara.

¿Una mejora o una oferta diferente?

Este es probablemente el punto central del debate.

Para el órgano de contratación, la incorporación de un sistema híbrido convierte el vehículo en una solución diferente de la solicitada.

Para la empresa recurrente, se trata de un vehículo que mantiene todas las condiciones funcionales exigidas y añade una tecnología que reduce el consumo y las emisiones, sin alterar su utilización por la Administración.

Ambas interpretaciones pueden exponerse jurídicamente. Sin embargo, la exclusión de una oferta requiere algo más que la simple preferencia del órgano de contratación por una de ellas.

La doctrina de los tribunales administrativos de recursos contractuales viene exigiendo que el incumplimiento técnico que justifica una exclusión sea claro y suficientemente relevante para comprometer la correcta ejecución de la prestación.

Cuando el pliego admite más de una interpretación razonable, la solución no debería consistir en aplicar retroactivamente la interpretación más restrictiva contra el licitador.

Y menos aún cuando:

  • La oferta había sido inicialmente admitida.
  • El vehículo cumple las prestaciones funcionales exigidas.
  • No necesita una fuente externa de energía distinta de la gasolina.
  • La tecnología híbrida no estaba expresamente prohibida.
  • El órgano de contratación había aceptado previamente una clasificación ambiental superior.
  • La interpretación no fue exclusiva de una sola empresa, sino compartida por distintos operadores económicos.

La existencia de varias ofertas formuladas en el mismo sentido puede ser un indicio de que el problema no estaba en una actuación negligente del licitador, sino en una redacción susceptible de interpretaciones diferentes.

Sostenibilidad y seguridad jurídica

La contratación pública incorpora cada vez con mayor intensidad objetivos medioambientales.

Sin embargo, esos objetivos pueden quedar desvirtuados si una solución menos contaminante termina siendo penalizada por una interpretación excesivamente literal de una denominación técnica.

La sostenibilidad no permite ignorar los pliegos, pero tampoco debería convertirse en una desventaja cuando la solución propuesta satisface la necesidad pública y no ha sido expresamente excluida.

Si una Administración considera imprescindible recibir exclusivamente vehículos de combustión convencional, puede establecerlo. Lo que resulta más discutible es que esa limitación se deduzca después de conocer las ofertas, especialmente cuando durante la licitación se había permitido mejorar la clasificación ambiental exigida.

El recurso especial como vía de defensa

Ante esta situación, se ha interpuesto recurso especial en materia de contratación solicitando la anulación de la exclusión y la readmisión de la empresa en los lotes afectados.

Será ahora el tribunal administrativo competente quien determine si los pliegos contenían una prohibición suficientemente clara o si, por el contrario, la oferta fue excluida mediante una interpretación restrictiva no previsible para los licitadores.

El resultado todavía está pendiente.

No obstante, el asunto deja una enseñanza importante: una exclusión técnica no debe analizarse únicamente atendiendo al nombre del producto ofertado. Es necesario revisar conjuntamente los pliegos, las respuestas publicadas, las fichas técnicas, la finalidad de la prestación y la forma en que el órgano de contratación ha aplicado esas mismas reglas al resto de las ofertas.

Porque, en contratación pública, una sola palabra puede determinar la exclusión de una empresa. Pero también puede suceder que esa palabra esté ocultando una solución perfectamente apta y objetivamente más eficiente.

En MRM Abogados asesoramos a empresas en el análisis de exclusiones, el acceso al expediente de contratación y la interposición de recursos especiales. Los plazos para recurrir son especialmente breves, por lo que resulta fundamental examinar cada decisión desde el momento en que se publica o se tiene conocimiento de ella.